PRENSA

Extienden cautelar a favor del Grupo Clarín

Constitucionalidad. Ley de Medios no se aplicará hasta que se pronuncie la Corte

Buenos Aires | La Nación/GDA, AP, AFP, Ansa y The New York Times

Un juzgado civil y comercial de Argentina frenó la entrada en vigencia de la nueva Ley de Medios, al prorrogar la vigencia de la medida cautelar que impide que se aplique la norma a Clarín, hasta que se resuelva la cuestión de la constitucionalidad.

La aplicación queda supeditada, según la decisión de la Cámara Civil y Comercial de Buenos Aires, hasta "que haya sentencia definitiva".

El gobierno kirchnerista no se había pronunciado ayer sobre el tema; Cristina Fernández de Kirchner estaba en Brasilia en la cumbre del Mercosur.

La resolución fue firmada en la noche de ayer por los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, quienes establecieron que la cautelar se extienda hasta que se resuelva la cuestión de fondo, o sea la constitucionalidad de los artículos en cuestión, sobre lo cual debe fallar otro magistrado del mismo fuero, Horacio Alfonso, en una compleja trama judicial.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aprobada en octubre de 2009 por el Congreso, tenía que entrar en vigencia hoy, fecha tope para que los grupos empresarios presenten su plan de adecuación para desprenderse de canales o radios que excedan el cupo fijado por la normativa.

La ley generó en el país una divisoria entre los sectores que dicen que recorta la libertad de expresión y los que la defienden enfáticamente. La norma surgió como una iniciativa ciudadana de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que implicó años de debate, y que luego fue tomada por el gobierno de Fernández como bandera.

La ley (26.522), que modifica una de la última dictadura (1976-1983), regula el sistema de medios radiales y televisivos, pero no afecta el funcionamiento de la prensa escrita.

Entre los aspectos centrales establece un nuevo orden en las licencias de los medios audiovisuales, que se componen por tres franjas que contará n con un 33% cada una de ellas. Son las de administración pública, de administración privada con fines de lucro, y administración privada sin fines de lucro.

Este es uno de los temas que mantiene férreamente enfrentado al gobierno con el grupo Clarín, el más poderoso conglomerado mediático del país, que, según datos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), maneja el 70% de la comunicación, con dominio en 500 empresas de medios.

El Grupo Clarín presentó amparos sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la LSCA, que obliga a desinvertir en caso de tener multiplicidad de licencias. Y logró medidas cautelares hasta que se expidiera la justicia sobre la cuestión de fondo.

La empresa argumenta que la ley dañará la libertad de expresión y también asestará un duro golpe a numerosos puestos de trabajo -aunque la norma insta a quien compre las licencias a hacerse cargo de los actuales trabajadores-.

El 22 de mayo la Corte Suprema de Justicia fijó el plazo del 7 de diciembre para presentar el plan de adecuación y el fin de las cautelares al explicar que "son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica".

La AFSCA tiene la función de aplicar la ley y su presidente, Martín Sabatella, fue nombrado por la mandataria argentina en septiembre pasado para dirigirla. Sabatella reiteró ayer, antes de que se anunciara la prórroga de la cautelar, que esperará hasta la medianoche del viernes (hoy)) "para que todos los grupos que deban adecuarse presenten su plan". Es "una regla pareja para todo el mundo", agregó.

Pero un fallo a última hora del día volvió a estampar un nuevo compás de espera sobre la norma.

JUSTICIA. En un aviso en Clarín, el Grupo respondió ayer con dureza al ministro de Justicia, Julio Alak, quien sostuvo que si un tribunal cuestionado por el gobierno decidía prorrogar la medida cautelar presentada por el multimedios contra la desmonopolización -como luego lo hizo-, "sería un alzamiento contra una ley de la Nación y una burla a la voluntad popular".

Clarín sostuvo en su respuesta que "una vez más el ministro de Justicia volvió a usar los micrófonos para amenazar descaradamente al Poder Judicial y para lanzar falsedades que involucran al grupo".

En tanto, la Comisión Nacional de la Independencia Judicial de Argentina, a través de las asociaciones que la integran, emitió un durísimo comunicado en el que manifestó "la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país, referida a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos".

"Los hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado" se exteriorizan mediante: a) la falta de cobertura de cargos de magistrados, generando que los jueces subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente; b) recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa; c) campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal; d) pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales; e) intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados.

Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -que hace pocas semanas pidió a Argentina que deje de usar "maniobras" para coartar la libertad de expresión- llegará hoy a Buenos Aires.

ORÍGENES.

 

Las ambiciones "K" de desarticular a Clarín reflejan el resentimiento oficial que se fermenta en torno a la influencia del Grupo, que ha evolucionado con las décadas desde un diario al borde de la bancarrota a un extenso gigante de medios, a veces odiado en público por presidentes que han tenido que reconocer el poder de Clarín para moldear la opinión.

Para Clarín, la batalla involucra no solo sus intereses económicos sino también la viabilidad mayor de grupos de medios independientes, en un país donde funcionarios gubernamentales están canalizando un aumento en la publicidad pública a organizaciones noticiosas que cubren favorablemente a Fernández, cuyos índices de aprobación han caído en últimas fechas conforme la economía argentina pierde fuerza.

La batalla de Fernández con Clarín sobresale debido a los vínculos que en otra época los unieron. Clarín apoyó durante varios años a su difunto marido, Néstor Kirchner, presidente de 2003 a 2007; él fue anfitrión con regularidad de Magnetto para almuerzos en la residencia presidencial y entregaba con frecuencia historias exclusivas a periodistas de Clarín.

La relación con los Kirchner empezó a avinagrarse en 2007, cuando Clarín publicó informes sobre un empresario que había tomado un vuelo desde Venezuela con una maleta que contenía 800.000 dólares en efectivo, generando alegatos de que el dinero tenía el propósito de ser una contribución secreta a la campaña de Fernández.

El País Digital